domingo, 7 de mayo de 2017

Lesa humanidad: perpetua en Bahía Blanca para el comisario Boccalari

En la mañana del viernes 5, el TOF bahiense condenó al comisario inspector retirado Gustavo Boccalari a prisión perpetua, por la desaparición de Julio Mussi en 1977. Fue la primera sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad tras el 2x1 de la Corte.
Por Diego Kenis. Fotos: Luis Salomón (Publicado por agencia Paco Urondo)

La primera sentencia en un juicio por delitos de lesa humanidad tras el obsequio del 2x1 de la Corte a genocidas llegó en Bahía Blanca, donde el Tribunal Oral Federal local decidió condenar a prisión perpetua al comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense Gustavo Abel Boccalari y solicitar a María Eugenia Vidal su baja de la fuerza y al ministro Germán Garavano que estatuya como Sitio de Memoria el predio policial donde el condenado cometió los delitos de lesa humanidad que lo llevaron a juicio (el fallo completo puede leerse en este enlace).

Se trató de un debate oral atípico para estas megacausas, ya que encontró en el banquillo a un único acusado y se abordó el caso de una sola víctima del accionar del terrorismo estatal. La irregularidad orienta una respuesta a la Corte, que decidió hacer correr el tiempo perdido en favor de los imputados, cuando en realidad las dilaciones se debieron a la impunidad que ellos mismos planificaron y que cristalizaron desapareciendo los cuerpos de sus víctimas, presionando a los gobiernos democráticos para obtener legislaciones benignas y obstruyendo con chicanas burocráticas una vez que los juicios se volvieron una realidad.
El Tribunal a cargo del proceso oral concluido este viernes estuvo compuesto por jueces ajenos a su conformación ordinaria y también a la habitual terna subrogante en causas de lesa humanidad. Formaron parte de él los jueces pampeanos Luis Salas, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido, quienes por unanimidad consideraron al conjunto de delitos tratados como de lesa humanidad y por mayoría los entendieron parte de un genocidio. A su vez, resolvieron también denegar la revocación de la prisión domiciliaria que habían solicitado los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y rechazaron los planteos de cosa juzgada y extinción de la acción penal elevados por el defensor Walter Tejada, cuyo padre y homónimo se encamina a una segunda condena a perpetuidad también en Bahía Blanca. El próximo 19 de mayo se conocerán los fundamentos del fallo contra Boccalari.
Julio Mussi, presente
Cuando el TOF comenzó a leer la sentencia, la expectativa se adueñó del Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, donde se celebró la audiencia. Al pronunciarse la decisión de condena a prisión perpetua, los aplausos poblaron la sala. De inmediato, las fotos de Julio Argentino Mussi se alzaron en manos compañeras.
El hoy condenado Boccalari estaba imputado como autor de los delitos de lesa humanidad de que fue víctima Mussi, a quien se vio por última vez en sus manos en la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca, en 1977.
Mussi había sido secuestrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia el 22 de marzo de ese año, día en que también fueron privadas de la libertad otras diecisiete personas. Bajo la acusación de proveer de vehículos a la “subversión”, todos quedaron a disposición del V Cuerpo de Ejército, con cabecera en Bahía Blanca y jurisdicción militar sobre todo el sur argentino.
El traslado de Mussi a Bahía Blanca se produjo horas después, a bordo de un avión militar y en custodia del subcomisario Luis Cadierno y el entonces oficial subinspector Boccalari, que para comienzos de ese año revistaban en la Delegación Cuatrerismo de la policía provincial y respondían, en el organigrama represivo, al general Abel Catuzzi. Catuzzi, que llegaría a comandante del V Cuerpo dos años más tarde, era en 1977 el jefe de la subzona 51 del trazado de la represión clandestina.
Durante el viaje, que se extendió por cuatro horas, Cadierno y Boccalari amenazaban a los secuestrados con tirarlos al mar desde la aeronave. Una vez llegados a Bahía Blanca, Mussi y sus compañeros de cautiverio fueron conducidos a un vagón de ferrocarril, en apariencia abandonado en la intemperie de la playa de maniobras del Ferrocarril Roca.
En ese viejo vagón, que los torturadores llamaban “el avión de madera”, Mussi permaneció por espacio de seis a ocho días. Durante ese periodo, no se le acercó comida ni bebida alguna. Al quinto día comenzaron las torturas con picana eléctrica, en una dependencia cercana al vagón. Los represores la llamaban “sala de sesiones”. Con Mussi demostraron especial ensañamiento, ya que en una ocasión pudo aprovechar el deslizamiento de la venda que cubría sus ojos para enfrentarlos. Trabajosamente, los torturadores consiguieron reducir su humanidad de 1, 85 metro y cien kilos y luego se desquitaron, aplicándole golpes de culata en grupo.
Desde aquel vagón, Mussi fue conducido a la sede de la Brigada de Investigaciones de la Policía. Allí acababa de ser trasladado Boccalari, que junto a Cadierno siguió a cargo de las torturas al secuestrado. Cuarenta años después, uno descargó sobre el otro todas las culpas. Cadierno “no aceptaba opiniones” y “quizás fui un cobarde por no decir ‘esto no va conmigo’, pero estaba con las manos atadas”, trató de exculparse Boccalari al hablar ante el Tribunal en febrero de este año.
Mussi pasó sus últimos días en la Brigada en agonía, pidiendo por su mujer y su hijo. No volvió a saberse de él, ni de su cuerpo. Los restantes detenidos en Comodoro Rivadavia pasaron a “disposición del Poder Ejecutivo Nacional” al cabo de un trimestre, y fueron confinados en la cárcel bahiense. Recuperaron la libertad recién en los últimos días de diciembre de 1977.
Abogada querellante Mónica Fernández Avello
Boccalari, en tanto, continuó su carrera en la Policía provincial hasta mediados de los ’90. Aunque no se le conoció participación política partidaria, gustaba jactarse ante los vecinos de los distritos por donde pasó de las gestiones que hacía ante autoridades provinciales, que sin embargo no le permitieron llegar al máximo cargo del escalafón. Su paso por la fuerza registra sumarios por apremios ilegales a detenidos comunes, que no prosperaron ni le impidieron obtener calificaciones sobresalientes, y una denuncia por acoso sexual a uno de sus subordinados, radicada por la esposa de éste. Sorpresivamente, la mujer retrocedió luego sobre sus pasos y retiró la acusación, pero el férreo machismo de la institución parece haber impedido a Boccalari el que hubiera sido su último ascenso. Ilustra una época: la Bonaerense de entonces admitía (y premiaba) a torturadores, pero no toleraba sospechas en las preferencias sexuales de sus miembros. El expediente de su retiro, efectivo en febrero de 1996, lleva la firma de Pedro Klodczyk. 
Sobre Mussi, en aquel 1977 el Estado mintió primero una liberación y luego, por vía del Ministerio del Interior y del Ejército, negó contar con antecedentes de ninguna índole. Para el discurso oficial, como definió el dictador Jorge Videla, no tenía entidad, no estaba ni vivo ni muerto, sino desaparecido. Mercedes Fuentes de Mussi, su madre, murió mirando la ventana, esperando la tarde de su regreso, en el lejano y muchas veces olvidado sur argentino.

PORTAL FISCALES.GOB.AR
Tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca le impuso hoy la pena de prisión perpetua al ex oficial de la Brigada de Investigaciones de esa ciudad, Gustavo Abel Boccalari, al encontrarlo responsable del secuestro, las torturas y el homicidio, en la modalidad de desaparición forzada, del trabajador petrolero Julio Mussi, quien fue detenido ilegalmente el 22 de marzo de 1977 en Comodoro Rivadavia y llevado a la ciudad del sur bonaerense, donde fue desaparecido. En su alegato del mes pasado, el fiscal ad hoc José Nebbia -quien intervino en el debate junto al fiscal general Miguel Palazzani- había reclamado también que se revoque la prisión domiciliaria del acusado, petición que fue rechazada por los magistrados.
Fiscal José Nebbia (Foto Luis Salomón)
En su veredicto, los jueces Roberto José Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido resolvieron por unanimidad condenar a Boccalari, a quien hallaron responsable “de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencias o amenazas, en concurso material con imposición de tormentos agravados por ser la víctima perseguida política en concurso real con homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de lograr la impunidad, bajo la modalidad de desaparición forzada de personas, en perjuicio de Julio Argentino Mussi”. Esos hechos fueron calificados por los tres magistrados como de lesa humanidad, y por mayoría, genocidio.
El Tribunal también dio curso al pedido formulado por Nebbia para que se comunique la sentencia al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se inicie el proceso de destitución del ahora condenado Boccalari, cuando se encuentre firme. Y en línea con lo reclamado además por el MPF, los jueces le solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que el predio donde funcionó la Brigada de Investigaciones y Cuatrerismo -donde ocurrieron parte de los crímenes- sea estatuido como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado”. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 19 de mayo a las 9 de la mañana, informaron Salas, Lacava y Aguerrido en el veredicto.
La resolución del Tribunal Oral Federal fue recibida a sala llena en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, lo que para Nebbia “remarca la vigencia de los procesos y la importancia para la sociedad en el contexto del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Allí, se encontraban familiares y allegados de la víctima, que agradecieron a los fiscales y al equipo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado -con sede en Bahía Blanca- su intervención en el proceso y la condena obtenida.
Los hechos investigados
En su alegato, Nebbia recordó que Julio Mussi tenía 32 años y vivía en Comodoro Rivadavia con su esposa y su hijo Alejandro, de tres años, y que era soldador de instrumental utilizado en la actividad petrolera. La víctima fue secuestrada durante un allanamiento ilegal a su casa, en el que se llevaron documentación personal y le robaron el auto, que luego fue visto durante meses en el Regimiento 8 de Infantería de esa ciudad.
Mussi y una decena de personas secuestradas para la misma fecha en esa zona fueron trasladadas a Bahía Blanca en un avión Hércules c130, en un operativo a cargo de la Brigada de Investigaciones del que participaron Boccalari y su superior, el comisario Luis Cadierno. Durante el traslado "permaneció vendado y atado, fuertemente custodiado y sometido a amenazas permanentes", describió el fiscal en base a los testimonios de los sobrevivientes.
Ya en Bahía Blanca, Mussi fue confinado junto al resto de los prisioneros en un vagón ubicado en el patio de la Delegación Cuatrerismo de la Policía provincial, un centro clandestino de detención que las víctimas recuerdan como "el avión de madera" o "vagón". El lugar estaba a cargo del comisario Cadierno y del oficial Boccalari, situación que fue corroborada tanto por los documentos como por los testimonios. "El cautiverio en ese sitio transcurrió -por período de entre seis y ocho días- en condiciones infrahumanas, siempre atado y vendado, prácticamente sin recibir comida ni bebida. Sufrió amenazas, golpes e interrogatorios con severas torturas", narró Nebbia. En una ocasión en que era retirado del vagón, Mussi intentó soltarse, tras lo cual fue violentamente golpeado y torturado por sus captores. El hecho, que ocurrió en el patio de Cuatrerismo, fue narrado por los testigos durante el debate, quienes coincidieron en que Mussi fue golpeado brutalmente con la culata de las armas, que quedó agonizando y que lo último que recuerdan es que lo escucharon preguntar por su pareja y su hijo. Desde entonces, nunca más fue visto.
El fiscal ad hoc agregó que luego de la desaparición de Mussi se intentó "sembrar un manto de duda sobre el destino final de la víctima" al fraguar su firma en un documento en el que quedaba asentado que se le había otorgado la libertad. Ese papel le fue mostrado a sus familiares, cuando hicieron el reclamo por su paradero en el comando del V Cuerpo del Ejército. "La metodología de simular la concesión de una libertad nunca concretada es una muestra del intento de Boccalari, junto a otros agentes, por desprenderse de un crimen, y auto-procurarse la impunidad a través de los resortes estatales. Boccalari no sólo desapareció a Mussi, sino que previamente utilizó a la propia víctima como instrumento desincriminante, antes de borrarlo de la faz de la existencia, de él y de sus seres queridos", analizó Nebbia en el alegato.


domingo, 30 de abril de 2017

La Madre que enfrentó al Cóndor

Mafalda Corinaldesi viajó de Punta Alta a La Paz apenas supo de la detención de su hijo en Bolivia. Se movió hasta que la dictadura de Hugo Banzer le probó que lo habían entregado a la de Videla. Al volver a Buenos Aires fue secuestrada y desaparecida. Meses después nacían las Madres de Plaza de Mayo.

Por Diego Martínez
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Mafalda Corinaldesi
Horas antes de ser secuestrada en el centro de Buenos Aires se cubrió la cabeza con un pañuelo para despistar a los hombres que la seguían desde el aeropuerto de Ezeiza. “Voy a luchar hasta el último momento para saber dónde está mi hijo”, advirtió en la última cita, el 19 de noviembre de 1976. Mafalda Corinaldesi, un ama de casa de Punta Alta, en el sur bonaerense, no llegó a marchar en Plaza de Mayo ni en la plaza de su ciudad. Tampoco pudo saber que el pañuelo se convertiría en símbolo de lucha contra el terrorismo de Estado de la mano de mujeres como ella, que el mundo conoció meses después como Madres de Plaza de Mayo.

Nacido en 1935, hijo de un chofer de la base naval de Puerto Belgrano y de una modista, Luis Faustino Stamponi contaba que era militante gracias a su mamá. “Con su tenacidad, sus esfuerzos, sus sacrificios, su trabajo intenso para ayudar a mantener el hogar, lo sensibiliza y lo impulsa a mirar a su alrededor, a ver las diferencias de clase y tomar posición, su lugar dentro de la sociedad”, escribió su primera esposa, Alicia Borgato. Stamponi inicio su militancia en Punta Alta, donde participó de la toma del Colegio Nacional a favor de la educación laica durante la dictadura de Aramburu. A fines de los ’50 se sumó a Palabra Obrera y en 1962 llegó por primera vez a Cuba para recibir entrenamiento militar. Allí conoció a Ernesto Guevara y asumió como propia la doctrina del internacionalismo y la estrategia continental de lucha a la que dedicó el resto de su vida, que investigó el historiador Gustavo Rodríguez Ostria. Lloró al leer que Guevara lo había mandado a buscar a Buenos Aires (estaba en La Habana) para pelear en Bolivia, donde en 1969 se integró al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que en 1975 se convertiría en Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-B), y fue uno de los promotores de la Junta de Coordinación Revolucionaria con los tupamaros, el PRT-ERP y el MIR chileno.

“Durante el último conflicto, a pesar de la derrota, hemos visto agrandarse hasta lo increíble a simples y modestos hombres y mujeres del Pueblo, conscientes de que los pueden matar pero no esclavizar, y firmes y seguros en su triunfo final”, le escribió a su hija el 20 de agosto de 1976, mientras según su biógrafo “cumplía el rol de ‘responsable de los centros mineros’, el neurálgico centro de la resistencia política a la dictadura, y fungía en los hechos como jefe del PRT-B”. [1] “Mi querida niña, espero ansioso noticias tuyas. No se me escapa que pueda sucederte algo, creo que es un riesgo que todos hemos medido, pero jamás se me ocurriría aconsejarte la pasividad, la indolencia y la ceguera frente al dolor y la explotación para asegurar tu integridad física. ¿De qué vale ésta frente a la injusticia y la barbarie de la sociedad capitalista?”, se preguntó Stamponi en momentos en que la dictadura de Hugo Banzer se ensañaba con el PRT-B y su pedido de captura entre “extremistas prófugos” circulaba por Bolivia.

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Luis Stamponi (foto gentileza Nila Heredia)
“Gerardo” o “Miseria”, como lo conocían sus compañeros, fue secuestrado junto a Victoria Fernández y su bebé en la casa de un obrero en Llallagua, al norte de Potosí, el 28 de septiembre de 1976 a tres de la mañana. Del operativo participó la Dirección de Orden Político (DOP) de Bolivia y militares del regimiento de Tarapacá, aunque ya en los primeros interrogatorios se topó con oficiales con acento argentino, declaró la mujer en el juicio por el Plan Cóndor. Mientras lo torturaban y exponían en cuarteles como un trofeo, la noticia de la detención se publicó en el diario Presencia, de La Paz. Llegó a oídos de su hija adolescente en Buenos Aires por Radio Colonia, de Montevideo, y desde allí a Punta Alta, hábitat natural de los marinos que por esos meses perfeccionaban la “muertecristiana” en vuelos sobre el Río de la Plata, que en 1977 aplicarían a lasMadres fundadoras Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino deCareaga y María Ponce de Bianco.

Mafalda Corinaldesi, que había enviudado, vivía de coser y tejer para afuera y tenía terror de que le robaran a su nieta, no dudó en viajar a Bolivia para averiguar sobre su hijo. “¿Vos si tenés un hijo lo vas a abandonar? --le planteó a una sobrina que le recordó el contexto--. Es lo único que tengo y quiero verlo”. Apenas llegó a La Paz, el 13 de noviembre, notó que la vigilaban. Después descubrió que le habían allanado la habitación del hotel aunque no le robaron nada. En el Ministerio de Gobierno la recibió e interrogó el mayor Jorge Cadima Valdez. Le dijo que a su hijo lo habían expulsado del país y lo habían entregado a fuerzas de seguridad argentinas en la frontera con La Quiaca el 15 de octubre. Como prueba le entregó un radiograma firmado por el subprefecto de Villazón.

En la mañana del 19 de noviembre llegó al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Lloyd Aéreo Boliviano. Antes de que le sellaran el pasaporte vio que le avisaron a un hombre de civil, que la siguió hasta el hotel. A las cinco de la tarde, con ruleros y un pañuelo para romper el seguimiento, se entrevistó con su nuera, quien le advirtió del peligro y le aconsejó volver a Punta Alta. “Usted no me puede pedir eso. Soy la madre, voy a luchar hasta el último momento para saber dónde está mi hijo”, respondió. “Estaba convencida de que sus trámites iban a dar resultado. Nunca imaginó la bestialidad de lo que estaba pasando. Sólo pensaba en encontrar a su hijo y cuidarnos a nosotras”, recordó treinta años después Borgato, quien se radicó en Cuba. En los primeros minutos del 20 de noviembre, el día que cumplía 60 años, tres hombres de civil la secuestraron del hotel Esmeralda.

Las desapariciones de madre e hijo formaron parte cuarenta años después del juicio por la Operación Cóndor, como se denominó la coordinaciónrepresiva entre dictaduras del Cono Sur. Por el caso Stamponi fue imputado el ex dictador Jorge Rafael Videla; por el de su madre, Jorge Olivera Róvere, dueño de vidas y muertes de la capital argentina en 1976. Ambos murieron durante el proceso. La Corte Penal de Roma que en enero condenó a ocho ex altos mandos de Bolivia, Perú, Chile y Uruguay por víctimas del Cóndor de origen italiano también incluyó sus casos, por los que dieron testimonio Rodríguez Ostria, Fernández y Nila Heredia, militante del PRT-B secuestrada y torturada en abril de 1976 y última compañera de Stamponi.

“Luis siempre se refería a su mamá con mucho cariño, su padre había muerto varios años antes”, recuerda Heredia. “Tengo la impresión de que su madre acompañó y protegió las ideas de Luis. Su presencia en Bolivia para reclamar por él demuestra cuánto lo quería. Con seguridad habría sido una de las luchadoras por la aparición con vida de su hijo”, agrega la ex Ministra de Salud de Evo Morales. “Lastimosamente la desaparecieron de un modo atroz luego de ser engañada, postergada y burlada en la información que el Ministerio de Gobierno le trasmitió respecto de la fecha de la entrega de su hijo a la represión argentina. Con seguridad el retorno a Buenos Aires fue comunicado por el Ministerio de Gobierno boliviano al argentino, de otra manera no se podría entender que la misma noche la detuvieran y desaparecieran”, destaca Heredia, ex presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos yMártires por la Liberación Nacional (Asofamd) que reclama la creación de una Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación por las violaciones a los derechos humanos en Bolivia entre 1964 y 1982.

La memoria avanza a paso lento. En La Paz, la imagen de Stamponi integra desde 2004 un mural del artista Walter Solón Romero en la Plaza del Desaparecido “José Carlos Trujillo”, al pie del mirador Montículo. Los nombres de madre e hijo identifican desde el año pasado una calle del municipio de Ancona, en el centro de Italia, de donde provenían ambas familias. Gracias al Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Punta Alta (MoVeJuPA), que da pelea en un territorio hostil a esos fines por la influencia de la Armada y del diario La Nueva Provincia, desde el 24 de marzo de 2012 las fotos enmarcadas de Mafalda Corinaldesi y Luis Stamponi ofician de recordatorio en el Concejo Deliberante de su ciudad, donde pocos reparan haber tenido a una precursora de las Madres de Plaza de Mayo.



[1] Luis Faustino Stamponi. Una vida en la lucha armada, 1962-1976. Por Gustavo Rodríguez Ostria. Lucha Armada en la Argentina. Anuario 2011.

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sábado, 28 de noviembre de 2015

Bahía Blanca: renunció el juez Ramos Padilla

El juez de Dolores subroga el Juzgado Federal 1 bahiense desde junio. Su renuncia tendrá efecto a partir del último día del año. La Cámara Federal se negó a tratarla. Ramos Padilla detalló la tarea que debió desempeñar para normalizar la “grave afectación al servicio de justicia” en que halló al Juzgado y criticó, con ejemplos, la “degradación” de la Justicia.

Por Diego Kenis / Agencia Paco Urondo
El último martes 24, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla elevó a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca su renuncia indeclinable a la subrogancia que ejerce en el Juzgado Federal 1 de esa ciudad desde junio pasado, cuando se hizo cargo de la función tras la separación del hasta entonces subrogante Santiago Martínez y su secretario Mario Fernández Moreno, apartados por el Consejo de la Magistratura por las graves irregularidades comprobadas.
Derivada del fallo de la Corte Suprema del 4 de noviembre, la renuncia de Ramos Padilla cobrará vigencia a partir del último día de este año y fue comunicada con la antelación suficiente para que la Cámara Federal bahiense, que el miércoles se negó a tratarla, busque un reemplazo para ese Juzgado clave que lleva adelante causas de lesa humanidad y narcotráfico, entre otros temas sensibles.
En su carta de renuncia, que ayer difundió la asociación “Justicia Legítima”, el juez federal recordó que fue designado “de acuerdo a la ley y por expreso mandato del Consejo de la Magistratura” en una función que no le reportó “mayores beneficios, ni un cargo de mayor jerarquía” y que lo aceptó “en la creencia de que podía constituir un aporte para superar la grave situación que se vivía en la jurisdicción de Bahía Blanca”, a la que definió como “una grave afectación del servicio de justicia” que constató “apenas me hice cargo del Juzgado” y a la que enfrentó “con pocos recursos” y “esfuerzos extraordinarios”, sin que se le proveyera “el personal necesario que reclamé”. Este último punto había motivado que en septiembre pasado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la regional local de H.I.J.O.S remitieran una nota al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para respaldar al juez y solicitar al máximo tribunal “mayor cantidad de personal y medios adecuados” para su tarea.
El “enorme desgaste y cansancio personal” por atender dos Juzgados Federales distantes uno de otro en setecientos kilómetros no fue, sin embargo, la causa de la dimisión de Ramos Padilla a su subrogancia bahiense. La decisión del magistrado se precipitó por el fallo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación votó el 4 de noviembre, declarando inválidas las leyes, reglamentos y designaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura y otorgando un plazo de tres meses para la expiración de las subrogancias aprobadas por el cuerpo.
“No comparto las consideraciones, ni la oportunidad de ese fallo; pero como Juez debo ser respetuoso de las decisiones del más alto tribunal y al mismo tiempo señalar claramente la situación en la que me coloca —al menos desde mi óptica- la declaración de invalidez mencionada”, escribió Ramos Padilla en su texto de renuncia. El juez agregó que “al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’, ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’, y ponernos fecha de vencimiento”, el máximo tribunal “puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un Juez”.

Un Juzgado en condiciones de detonar
El texto de la renuncia de Ramos Padilla puntualiza las acciones que debió desarrollar para ordenar el grave cuadro que presentaba el Juzgado, donde los estupefacientes incautados atiborraban estantes o se encontraban al alcance de transeúntes o en lugares inadecuados como la terraza del edificio, junto a una considerable cantidad de basura. La droga hallada fue incinerada este mes en el cementerio bahiense, ante testigos y periodistas.
Entre las irregularidades aún más graves se encontraban las situaciones de detenidos a los cuales no se les tomó declaración indagatoria en los plazos legales o aquellos que, habiendo declarado, no tenían resuelto su estado procesal. Algunos llevaban tres años en esa situación, cuando el Código Procesal Penal de la Nación ordena un límite de diez días, prorrogable a otros diez excepcionalmente, entre la declaración y la resolución de la falta de mérito, el sobreseimiento o el procesamiento del imputado. La impericia de los antecesores de Ramos Padilla, consentida por la Cámara Federal anterior, produjo que no existiese siquiera un registro de los detenidos a disposición del Juzgado, ni de las condiciones y lugares de encierro y custodia. Producto de ello, decenas de ellos tenían ya su prisión preventiva vencida y no habían sido informados al Consejo de la Magistratura, encargado del registro.
Párrafo aparte merece la descripción del arsenal que Ramos Padilla encontró al asumir la subrogancia y que cobró notoriedad nacional cuando trascendió el informe del juez a la Comisión Interpoderes, cuyo detalle incluía el ya famoso proyectil antiaéreo que como informó el diario Página/12 estaba rotulado con la inscripción “Ojo: está activado”. El explosivo fue retirado y neutralizado por la Brigada Antiexplosiva de la Policía Federal.
El arsenal (foto), que durante meses puso en riesgo la vida de empleados, testigos y transeúntes y la seguridad pública, se conformaba además de 474 proyectiles, un millar de vainas y otro de municiones, 581 cartuchos, varios plomos y cargadores, una decena de pistolas, diecisiete revólveres, tres carabinas, dos escopetas, seis pistolones y una granada en condiciones de detonar, que el viernes 20 fueron retirados para su destrucción por el Registro Nacional de Armas (RENAR) tras los exámenes que sobre ellos practicaron peritos de la Policía Federal. Hasta la llegada de Ramos Padilla, el arsenal se encontraba disperso, al alcance de transeúntes o visitantes ocasionales del Juzgado y sin registro alguno ni indicación de su estado. Al armamento hallado debe agregarse a veintidós pistolas y revólveres, un fusil, cuatro escopetas y dos carabinas más cuyo origen no pudo siquiera establecerse y que continúan siendo objeto de pesquisas.
El cuadro que halló el juez subrogante se completaba con las demoras en el otorgamiento de más de un centenar y medio de cartas de ciudadanía reclamadas y el alto nivel de conflictividad interna que registraba el Juzgado, lo que comenzó a ser solucionado con capacitaciones, reordenamientos y atención a reclamos pendientes.
Responsable de este cuadro resulta en primera instancia el secretario judicial Santiago Martínez, que ejerció como subrogante hasta su desplazamiento y la llegada de Ramos Padilla. Martínez fue cuestionado por actores tan disímiles como los organismos de derechos humanos bahienses, que denunciaron obstaculizaciones permanentes en causas de lesa humanidad y con mayor énfasis en aquellas que involucraban a civiles, como por el Tribunal Oral local, que al fallar en el juicio contra el empresario Juan Suris criticó duramente a Martínez y su grupo por haber violado las garantías procesales básicas de los imputados de la causa, sobre los que se practicaron escuchas telefónicas incluso en sus conversaciones con sus defensores, y consentir una inversión de roles en que la Justicia quedaba como auxiliar de la policía y no a la inversa. Entre las acciones que llevó a cabo Ramos Padilla estuvo el impulso a sumarios administrativos contra Martínez y su ex secretario de Derechos Humanos Fernández Moreno.
Durante la subrogancia del juez federal de Dolores, además, se avanzó en forma inédita en la jurisdicción con las detenciones e imputaciones de varios militares por delitos de lesa humanidad cometidos después del 24 de marzo de 1976 y, sobre todo, de civiles acusados de los ilícitos perpetrados antes, con el accionar criminal de la versión local de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina. Entre los imputados de este último grupo se encuentra el abogado Néstor Montezanti, cuya sola figura ilustra  la complejidad institucional de la jurisdicción: Montezanti integraba, hasta su suspensión provisoria, la Cámara Federal de Apelaciones y como camarista era superior jerárquico del juez que debía resolver su situación procesal. A Ramos Padilla no le tembló el pulso. Recogió la acusación de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, imputó y citó a declaración indagatoria a Montezanti y lo declaró en rebeldía cuando el camarista suspendido faltó por tercera vez sin motivo veraz. Los fueros de los que el imputado goza, aún suspendido, impiden hasta el momento su detención y la resolución de su estado procesal.
Los claros ejemplos
El último tramo de la carta de renuncia de Ramos Padilla deja reflexiones sobre lo que entiende una degradación del Poder Judicial y su legitimidad, y puntualiza que la dimisión fue elevada luego del balotaje presidencial “para evitar cualquier tipo de especulación política” sobre la decisión, resuelta a partir de la debilidad en que dejó a los jueces subrogantes el fallo de la Corte sobre la ley que regulaba sus designaciones.
“He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, como jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino”, expresó Ramos Padilla. “He visto como Jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimidad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política”, agregó, en obvia referencia al ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, cuya renuncia fue elevada en septiembre pero para entrar en vigencia un día después del recambio de autoridades del Ejecutivo nacional.
Los ejemplos enunciados “son para mí, la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio la ley de medios y a la llamada democratización de la justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”, resumió el juez renunciante, que desde el primer día de enero próximo continuará sólo con sus funciones en Dolores. Para entonces, otro nombre deberá haber surgido del complejo sistema ordenado por la Corte para la selección de un magistrado subrogante. Ese futuro juez o jueza tendrá a su cargo algunas de las más trascendentes causas de la historia de Bahía Blanca y el sur argentino.

jueves, 26 de noviembre de 2015

22 condenados por los crímenes de la Armada en Puerto Belgrano

Por Diego Kenis / Agencia Paco Urondo
Fotos: Luis Salomón y Rocío Cereijo
Con dieciocho acusados condenados a prisión perpetua y otros cuatro a penas privativas de la libertad de entre ocho y dieciocho años, concluyó ayer en Bahía Blanca el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se ha celebrado en la jurisdicción desde 2011 y el primero desde la victoria en el balotaje presidencial de Mauricio Macri, cuya biografía familiar se cruza con la de algunos protagonistas del veredicto, como ya informó  AGENCIA PACO URONDO.
La causa elevada involucró a miembros retirados y ex miembros de la Armada, la Prefectura Naval, el Servicio Penitenciario, la Policía Bonaerense y el Ejército. El juicio comenzó en julio de 2014, se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que supo llamarse “Mártires de Trelew”, y presentó la novedad de ser el primero en la jurisdicción en que se analizaron delitos perpetrados bajo la órbita de la Armada, lo que le dio un sentido especial dada la identidad naval de la ciudad y su aledaña Punta Alta. Así lo leyó también el diario La Nueva Provincia, que saludó el día del veredicto con la publicación de una carta al lector en que la hija del almirante retirado Antonio Vañek cargó contra el juez Carlos Rozanski, desde este miércoles doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata por su ejemplar actuación en causas platenses de lesa humanidad.
Ese claro día de justicia
A las 15 horas y con puntualidad, el juez Jorge Ferro comenzó a leer el veredicto que votó junto a sus pares José Triputti y Martín Bava. Una pantalla gigante reproducía sus palabras a las quinientas personas concentradas fuera del edificio, en la esquina de la avenida Colón y la peatonal Drago.
Desde dos horas antes, los organismos de derechos humanos bahienses habían comenzado con un festival artístico que incluyó los rostros de las víctimas y un muñeco del empresario Vicente Massot, dueño y director del diario La Nueva Provinciae imputado por dos de los crímenes que se examinaron en el debate, los de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, y por prestar colaboración general y esencial al genocidio a nivel comunicacional, psicológico y filosófico.
Uno a uno, Ferro leyó los nombres de las sesenta y seis víctimas y de los veintidós victimarios y pronunció las condenas a prisión perpetua de los marinos Eduardo Fracassi, Luis Pons, Enrique de León, Oscar Alfredo Castro, Alberto Pazos, Edmundo Núñez, Leandro Maloberti, Tomás Carrizo y José Luis Ripa, los prefectos Luis Bustos, Néstor Nougués, Francisco Martínez Loydi y los miembros retirados y ex miembros del Ejército Óscar Otero, Guillermo González Chipont, Víctor Aguirre, Raúl Domínguez, Felipe Ayala y Carlos Stricker. Stricker y Ayala, sádico guardia del Centro Clandestino al que llamaban “Chamamé”, acumularon su segunda condena a perpetuidad.
Por otra parte, el prefecto Pedro Pila fue sentenciado a dieciocho años de prisión, mientras que el dos veces prófugo Alejandro Lawless, el comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense Víctor Fogelman, famoso por dirigir a desvío la investigación del caso Cabezas, y el ex jefe de la Unidad Penitenciaria 4 Héctor Selaya fueron condenados a ocho años cada uno. En el caso de Selaya, la pena se computará con la de diecisiete años y medio de prisión que le impuso el mismo Tribunal en 2011.
En todos los casos de miembros retirados de las fuerzas, el Tribunal elevó las solicitudes a los Poderes Ejecutivos de la Nación y la provincia de Buenos Aires, a fin de que los condenados sean destituidos, y dispuso que las condenas se cumplan en cárceles comunes. Además, remitió copias de la documentación de la causa a juzgados de La Plata y Mar del Plata, ciudades en que comenzaron o continuaron ilícitos examinados en el debate. Como en los dos anteriores juicios que tuvo a cargo, el Tribunal dejó expresa constancia que los delitos contemplados en el fallo constituyeron crímenes de lesa humanidad y que fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura, cuyo carácter “cívico militar” subrayaron sus jueces.
La hora de la verdad
El fallo conocido ayer, cuyos fundamentos serán publicados el primer día de marzo próximo, incluye también la resolución favorable al pedido de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia para que el diario La Nueva Provincia rectifique la información publicada en 1976 respecto de las muertes y detenciones de nueve víctimas, a las que dio por arrestadas en procedimientos militares o abatidas en enfrentamientos cuando en verdad habían sido secuestradas, torturadas y, algunas de ellas, asesinadas por sus captores de uniforme.
El diario dirigido por Massot tendrá diez días desde el momento en que la sentencia quede firme para publicar la rectificación, que oficiará como “acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” y deberá incluir el relato de lo acreditado en el juicio y la mención de las fechas, páginas y secciones en que se publicaron las noticias falsas en 1976.
El pedido, presentado por los fiscales como un “derecho a réplica colectivo” que las querellas avalaron, buscaba honrar la memoria de las víctimas, caracterizadas como delincuentes por el diario, y asegurar un relato veraz de lo ocurrido a las futuras generaciones, de modo que cuarenta años después cesen los efectos de la “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra”, como la llamó el propio Tribunal en 2012. Por esos aportes comunicacionales y filosóficos al plan criminal del terrorismo de Estado, que los fiscales consideran “esenciales” y se encontraban tipificados al detalle en reglamentos castrenses, también está imputado Massot en los tribunales bahienses.
Perseverante en su actitud, el matutino no publicó ni una línea del juicio que concluyó a trescientos metros de su redacción y en que se decidió este punto, además de tratarse los casos de los secuestros y homicidios de sus obreros gráficos Heinrich y Loyola, cuyos asesinatos causaron “estupor” a Massot, según él mismo narró a la investigadora del CONICET Ana Belén Zapata, y por los que se encuentra acusado como instigador y coautor.
Bajo el sol vertical de la tarde en la avenida Colón, su muñeco repetía en cambio el rostro circunspecto que el empresario mostró en sus visitas al Juzgado para declarar como imputado. Las banderas de los H.I.J.O.S., el sindicato de Gráficos y distintas agrupaciones políticas tapaban la visual de sus anteojos oscuros. Desde dos grandes retratos multicolores, los rostros de Heinrich y Loyola, con la visual despejada y limpia, lo señalaban con la mirada.

El análisis de la Fiscalía sobre la histórica sentencia por los crímenes de la Armada

Bahía Blanca: “Se develó un sistema represivo que en otros juicios no pudimos mostrar”

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani destacaron las condenas a 22 acusados, que incluyeron 18 prisiones perpetuas, la medida reparatoria de publicar en La Nueva Provincia la verdad sobre lo sucedido a las víctimas y la visibilización de la violencia sexual.
El fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia se manifestaron "muy conformes" con las condenas dictadas ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, que receptó la acusación del Ministerio Público y condenó a prisión perpetua a 18 ex militares y dictó penas de entre 8 y 18 años de prisión para otros cuatro, y además ordenó -entre otras medidas- que el diario La Nueva Provincia rectifique y publique que las personas que durante la dictadura informó como terroristas muertas en enfrentamientos fueron, en realidad, víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Los fiscales destacaron cuatro puntos principales de la sentencia: que sostiene la hipóstesis propuesta por la Unidad Fiscal sobre "el complejo funcionamiento de la Armada en la región" en conjunto con el Cuerpo V del Ejército, la Policía bonaerense y el Servicio Peniteniciario provincial. "Se develó un sistema represivo que en otros juicios no pudimos mostrar", resaltó Palazzani, al tiempo que razonó que "las condenas están mostrando que los jueces aceptaron la hipótesis de la Fiscalía, que explicó durante los alegatos el funcionamiento global de ese sistema y luego la responsabilidad penal de cada uno" de sus integrantes.
Los fiscales resaltaron que el Tribunal, además, "visibilizó la violencia sexual". Los jueces Jorge Ferro, José Mario Tripputi y Martín Bava condenaron por abusos sexuales a nueve de los acusados por el MInisterio Público durante el debate en el marco de una ampliación. "El Tribunal lo autonomizó como lesión al bien jurídico protegido de las víctimas, que era la integridad sexual y pudimos discutir la violencia sexual contra las mujeres, que fue un colectivo especialmente atacado en el ámbito de los centro clandestinos de detención (CCD)", indicó Palazzani.
La reparación
Otro de los puntos destacados por la Fiscalía es "la fijación como CCD de la 7ma Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías", luego de que las víctimas reconocieran en lugar. Los jueces requirieron al Poder Ejecutivo que lo estatuya como "Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado".
Nebbia y Palazzani puntualizaron, por último, que los integrantes del Tribunal adoptaronla "inédita" propuesta de "la reparación a la biografía de las víctimas de este juicio con la orden de rectificar la información" en el diario La Nueva Provincia, "para que diga que fueron fusiladas o ejecutadas".
"Ese derecho de rectificación como parte del derecho a la reparación, es una marca de este Tribunal, que ha venido corriendo el límite en cada uno de los tres juicios que se han llevado a cabo. En cada uno dijo algo importante. A pedido nuestro, también. En este caso los jueces entendieron que el MPF titularizaba la posibilidad de reclamar por las víctimas y le ordena al diario esta rectificación, que es inédita. No conozco una situación igual", señaló Palazzani, y destacó que la sentencia se dio a conocer "en una semana desde donde un editorial de un diario se emprendió contra el proceso de verdad y justicia".
En efecto, los jueces dispusieron en el punto 46 del veredicto que, una vez firme la sentencia, "en el plazo de diez días, el diario La Nueva de esta ciudad (ex “La Nueva Provincia”) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias".
Maridajes 
El fiscal Nebbia, en tanto, señaló que "el juicio termina de cerrar la historia de La Nueva Provincia, porque se había visto hasta ahora su relación respecto de las víctimas del Ejército. Y uno sabe que su maridaje con la Marina fue aún mayor y eso ha quedado expuesto".
Por otro lado, Nebbia ponderó "la documentación de inteligencia y legajos de marinos que dieron cuenta de la actuación de la Iglesia Católica en maridaje con la Marina" y, en ese sentido, ejemplificó: "El capellán del comando de Operaciones Navales intervino dos capillas de Punta Alta por la tendencia de los curas tercermundistas de allí. Es decir, desde la Capellanía Naval, la Iglesia interviene dos capillas por su 'actividad subversiva'".
Palazzani y Nebbia destacaron, además, que el resultado de este juicio es la consecuencia de la labor coordinada del equipo de la Unidad Fiscal de esa ciudad. En ese punto, Nebbia resaltó que desde el MPF se llevó adelante "un trabajo personal, metódico, diario, con las víctimas, que junto a los familiares reconocieron el trabajo de la Fiscalía".
Entre los logros del juicio, Nebbia destacó una anécdota que ocurrió ayer en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, donde se llevó a cabo el juicio: "Uno de los secuestrados le vio la cara después de 39 años a tres mujeres que compartieron el cautiverio con él en la Armada. Estuvo meses secuestrados con ellas, escuchó las voces y ayer le puso rostro a esos comentarios. Es un hombre que vivía en Brasil y vino para conocer a sus compañeros de cautiverio".
18 Perpetuas
Las condenas a prisión perpetua -que, en todos los casos, coincidieron con las requeridas por la Fiscalía- recayeron sobre el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; el ex capitán de navío Enrique de León; el capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; el ex capitán de fragata José Luis Ripa; el ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; el ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; el ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; el ex prefecto Néstor Alberto Nougues; el ex prefecto Luis Ángel Bustos; el ex coronel Carlos Andrés Stricker; el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; el ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Felipe Ayala, y el ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.
En tanto, el Tribunal condenó al ex prefecto Pedro Alberto Pila a 18 años de prisión (la Fiscalía le había pedido 25), y al ex oficial Alejandro Lawless, al ex jefe de la Unidad Penal N°4 del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Luis Selaya, y al ex comisario mayor de la policía provincial, Víctor Oscar Fogelman, a 8 años de prisión. Los fiscales habían requerido para Lawless 19 años, para Selaya 18 y para Fogelman diez años de prisión.
"Esperaremos los fundamentos -se darán a conocer el 1° de marzo de 2016- para evaluar si hay cuestiones que debemos recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal, pero estamos muy conformes con el veredicto", indicó Palazzani.

Juicio a la Armada: 18 condenas a prisión perpetuas

El Tribunal Oral Federal leyó el veredicto del tercer proceso por crímenes de lesa que se realizó en Bahía Blanca e hizo lugar al pedido de los fiscales de que la sentencia sea publicada en La Nueva Provincia.
Por Maximiliano Ceci / Diario digital Contexto.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a perpetua a 18 represores e impuso penas de entre 8 y 18 años de prisión a otros cuatro imputados. “Fue una sentencia increíble, muy importante y con todas las expectativas cubiertas. El Tribunal que en las dos causas anteriores también había dictado unas sentencias ejemplares, no perdió su lineamiento, y prácticamente falló en favor de todo lo pedido por las partes acusatorias”, explicó a Contexto Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S Regional Bahía Blanca, tras conocerse la histórica sentencia. Además, los jueces hicieron lugar al pedido de los fiscales para que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y, en un hecho inédito, ordenaron que el fallo condenatorio sea publicado en el diario La Nueva Provincia, un medio que durante la dictadura funcionó como difusor de la propaganda genocida.
Los condenados a perpetua son el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; ex capitán de navío Enrique de León; ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro; el ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; ex prefecto Luis Ángel Bustos; ex prefecto Néstor Alberto Nougues; ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; ex capitán de fragata José Luis Ripa; ex coronel Carlos Andrés Stricker; ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; ex suboficial Felipe Ayala; ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.
Además, los magistrados otorgaron 18 años para el ex prefecto Pedro Alberto Pila; 8 años de prisión para el ex oficial Alejandro Lawless; 8 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya; y ocho años de prisión para el ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman.
El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, también juzgó los delitos sexuales cometidos por los imputados. “Los fallos sobre los delitos sexuales  son muy importante.Durante la lectura del veredicto, había mujeres que habían padecido esos abusos y que tan valientemente pusieron su testimonio en este juicio. Creemos que esto fue sumamente reparador para ellas, sus familiares y todos nosotros”, contó Santucho. Y agregó: “Los sobrevivientes, realmente son un orgullo y el sostén de estos juicios. En este caso, las mujeres que pudieron contar las aberraciones a las que fueron sometidas, las reivindicamos enormemente”.
“LOS SOBREVIVIENTES, REALMENTE SON UN ORGULLO Y EL SOSTÉN DE ESTOS JUICIOS. EN ESTE CASO, LAS MUJERES QUE PUDIERON CONTAR LAS ABERRACIONES A LAS QUE FUERON SOMETIDAS, LAS REIVINDICAMOS ENORMEMENTE”.
Este Tribunal estuvo a cargo de los tres juicios que se llevaron a cabo en Bahía Blanca por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Esta última causa puso el foco sobre el accionar de la Armada, que tuvo a la base naval Puerto Belgrano como centro de operaciones. “Los jueces  dispusieron como sitio de memoria la Batería Séptima de la base de Puerto Belgrano. Si bien la justicia punitiva es reparadora,  es aún más importante una justicia que marque la memoria. Aquellos que tuvimos la posibilidad de conocerlo, sabemos que es un lugar muy siniestro”, indicó a Contexto Anahí Junquera, integrante de H.I.J.O.S  Regional Bahía Blanca.
En la antesala de la lectura de la sentencia, los organismos de derechos humanos se manifestaron y realizaron actividades en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.“El desenlace del juicio es un ladrillo más en la construcción del fin de la impunidad, pero es una coyuntura compleja por la asunción de un gobierno que no aseguró la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia”, dijo Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.
DE LAS 66 VÍCTIMAS TENIDAS EN CUENTA EN LA CAUSA 12 SIGUEN DESAPARECIDAS, CINCO FUERON ASESINADAS Y LAS RESTANTES SOBREVIVIERON AL SECUESTRO Y TORTURAS QUE SUFRIERON EN CENTROS CLANDESTINOS DEL ÁREA DE PUERTO BELGRANO, EL MAYOR EMPLAZAMIENTO DE LA ARMADA EN LA ARGENTINA.
De las 66 víctimas tenidas en cuenta en la causa 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina. Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.
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En las páginas de La Nueva Provincia

“Disponer, para el momento en que se encuentre firme la sentencia, que en el plazo de diez días, el diario “LA NUEVA” de esta ciudad (ex “La Nueva Provincia”) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”, señaló el Tribunal tal como lo había pedido la Unidad Fiscal integrada por José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani.
“Todo aquel que fue ejecutado, asesinado y que aparecía muerto en un enfrentamiento va a haber reparado su biografía en las páginas del diario”, dijo Palazzani. Y agregó: “Ese derecho a réplica colectivo que habíamos planteado la verdad que el Tribunal ha dado un paso más en esto de la dimensión de la reparación total de las biografías de las víctimas, que aparece como reparador, que alivia y que ayuda un poco lo vivido”.
Por su parte, Santucho destacó la importancia de esta medida:  “Es muy importante y no solo simbólicamente. Se repara la memoria de las víctimas y el Diario debe reconocer, que lo que publicó en su momento era mentira. Realmente es inédito, no hay otro fallo igual”.
 “ES MUY IMPORTANTE Y NO SOLO SIMBÓLICAMENTE. SE REPARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS Y EL DIARIO DEBE RECONOCER, QUE LO QUE PUBLICÓ EN SU MOMENTO ERA MENTIRA. REALMENTE ES INÉDITO, NO HAY OTRO FALLO IGUAL”. ALEJANDRA SANTUCHO (H.I.J.O.S)
“Nosotros seguiremos por la unificación de lo que queda (Armada y Ejército) y esperando que este nuevo gobierno que asuma, dé señales claras de qué va a hacer con los juicios y las políticas de DDHH. Hasta ahora no lo han hecho, y no alcanza con solo decir que van a continuar. Es necesario que digan si seguirán siendo políticas de Estado”, concluyó Santucho.
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Así cubrió La Nueva Provincia ("La Nueva") la sentencia a los asesinos de Heinrich y Loyola, por los que también está imputado el director del diario, Vicente Gonzalo Massot. Una oración, sin nombres de víctimas ni de victimarios, sin descripción de hechos.